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La Fundación Orange ha hecho público un año más su Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información eEspaña 2010, documento en el que se hace un profundo análisis sobre la situación de las tecnologías de la información y la comunicación en España.
En el informe se tratan cuestiones muy variadas sobre el desarrollo de la sociedad de la información, aunque a continuación solamente se reflejan los aspectos más destacados relacionados con la Administración electrónica, como por ejemplo el grado de desarrollo de los servicios, su empleo por parte de la ciudadanía y de las empresas o la implantación de software de fuentes abiertas.
En la Estrategia de Lisboa de la UE ocupan una situación central los servicios de Administración electrónica. En ella se recoge que la mejora continuada de estos servicios públicos en línea por parte de las diferentes administraciones públicas constituye un elemento clave para el desarrollo da sociedad da información.
Grado de desarrollo de los servicios de la Administración electrónica
El informe United Nations Global E-Government Survey, elaborado por la ONU, valora el grado de desarrollo de la Administración electrónica a nivel global, valoración en función de la cual establecen una clasificación de los diferentes países. España ocupa, en el informe de 2010, una posición destacada, la novena, lo que significa una importante mejora respecto al del año 2008, cuando se situaba en la vigésima plaza.
También se han producido en España notables avances en la participación electrónica. De hecho, en el citado informe de la ONU ocupa la tercera posición, sólo por detrás de Corea del Sur (que encabeza también la clasificación en desarrollo de la Administración electrónica) y Australia.
Sin embargo, todavía existen aspectos en los que avanzar, y, en este sentido, España presenta un mayor margen de mejora en las infraestructuras, índice en el que se encuentra notablemente por debajo de los países líderes en Administración electrónica. Es necesario un avance en este campo para poder tener un mejor acceso a los servicios electrónicos: mejorar las conexiones, extender la banda ancha e incrementar la dotación de ordenadores por habitantes.
Otra fuente oficial como es Eurostat (la Oficina Estadística de la Unión Europea), que también elabora un indicador sobre disponibilidad de veinte servicios básicos de Administración electrónica en Europa, refleja que la situación española supera la media de la UE (obtiene una puntuación de 80 sobre 100), a pesar de que ha retrocedido posiciones en relación con otros países que experimentaron un crecimiento importante y ocupa en la actualidad el puesto 12.
Utilización por la ciudadanía de los servicios de Administración electrónica
Si bien en la oferta de servicios en línea España ocupa puestos destacados a nivel mundial, no ocurre lo mismo en relación con la demanda de éstos. Sólo el 30 % de la población ha realizado alguna gestión básica por internet, muy lejos de la cifra de otros países de la UE. También en el caso de las empresas el retraso es notable en relación con las gestiones que llevan a cabo electrónicamente, aunque pueden encontrarse variaciones en función de su tamaño.
Sin embargo, existen diferencias importantes entre las distintas comunidades españolas respecto al grado de utilización de los servicios de la Administración electrónica. Así, Madrid, Navarra y Aragón se sitúan por encima de la media estatal y europea, mientras que Galicia junto con la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Andalucía, Extremadura y Ceuta cuentan con una población y unas empresas que se caracterizan por la escasa demanda de los servicios en línea.
Centrando el análisis en la demanda por parte de la ciudadanía de servicios básicos de Administración electrónica, hay que decir que estos constituyen uno de los usos más frecuentes de internet. En relación con la edad, a medida que ésta se incrementa, a partir de los 45 anos, desciende su empleo.
Otro dato destacado es que a medida que aumenta a sofisticación de la gestión se reduce la tasa de uso de ésta. Así, en España, en comparación con el resto de la UE, se hace un uso mayor de gestiones básicas, como la búsqueda de información en las páginas web de las administraciones, y se reduce la demanda a medida que aumenta la complejidad de los servicios.
La herramienta más extendida entre la población española es el DNI electrónico, aunque sólo el 2 % dispone de lector para este documento y únicamente el 3,4 % lo ha utilizado para interactuar con las administraciones públicas.
Uno de los trámites electrónicos que ha experimentado un aumento mayor ha sido la realización de la declaración de la renta de manera electrónica, lo que explicaría el mayor uso que se hace en España del certificado electrónico.
Utilización por las empresas de los servicios de Administración electrónica
Si analizamos ahora la utilización que hacen las empresas de la Administración electrónica, éstas han incrementado notablemente el uso de estos servicios, aunque con diferencias en función de su tamaño y del grado de sofisticación del trámite.
En este sentido, las pymes son las que contribuyen a la disminución de la media española en relación con la UE en la realización de gestiones básicas de Administración electrónica, mientras que las grandes empresas hacen un uso superior a sus homólogas europeas.
Además, como ocurría en el caso de la ciudadanía, las empresas llevan a cabo una menor utilización de estas gestiones a medida que se incrementa su complejidad.
Implantación de software de fuentes abiertas
El software de fuentes abiertas pode contribuir en buena medida al desarrollo de la sociedad de la información, gracias al ahorro de costes o al acceso libre al código de los programas.
En la Administración General del Estado se hace un mayor uso de los sistemas operativos privados que de los de fuentes abiertas, aunque con diferencias en función del tamaño del sistema. El 83 % de los de más tamaño tenía en 2008 instalados sistemas operativos de carácter privado. En los de tamaño medio ese porcentaje desciende hasta el 80 % mientras que en los menores se aprecia una mayor penetración de los sistemas operativos de código abierto que representan un tercio de los instalados.
El software de propiedad privada domina, sobre todo, los ordenadores personales de la Administración General del Estado. En 2008 Windows estaba instalado en el 97 % de estos equipos.